Autores principales: Renzo Lavin & Carolina Cornejo (ACIJ)
Autores colaboradores: Sruti Bandyopadhyay (World Bank)
- Módulo 01
- Otros actores externos interesados
¿Cómo pueden todos estos actores externos interesados trabajar juntos para fortalecer la rendición de cuentas?
Un estudio de caso en Argentina en relación con el medio ambiente, la salud y el saneamiento
El caso Mendoza es un caso de litigio de interés público argentino contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas con respecto a daños a la salud sufridos por la contaminación ambiental de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Este caso fue iniciado en 2004 por una habitante de la zona contaminada, Beatriz Mendoza, y ha supuesto un problema interjurisdiccional que ha (a) movilizado varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y a la Defensoría del Pueblo para exigir medidas correctivas, (b) desencadenado una respuesta por parte del poder judicial, (c) incluido la participación de la Auditoría General de la Nación Argentina en el proceso de implementación de políticas.
En 2006, la Corte Suprema de la Nación decidió tomar el caso ambiental colectivo y ordenó a los demandados a presentar un plan integrado para limpiar la cuenca del río. La Corte no creó políticas públicas relacionadas con el tema, sino que ordenó a las autoridades políticas a realizar esa tarea. Debido a la fragmentación institucional en la cuenca interjurisdiccional del río, el Gobierno Federal, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidieron formar ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Se llevaron a cabo audiencias públicas a lo largo de los dos primeros años, durante los cuales los demandados presentaron el plan integrado e informaron al público acerca de los progresos realizados.
El Defensor del Pueblo y algunas ONG que trabajan en el campo fueron aceptadas como terceros en el caso (por la violación del derecho a la salud, al agua, a la vivienda, y un medio ambiente sano), donde alegaron que la contaminación del río había llevado a una serie de violaciones de derechos humanos. Además, la Corte encargó a la Universidad de Buenos Aires evaluar el plan integrado.
Después de una segunda ronda de audiencias públicas en 2008, la Corte emitió una sentencia histórica que ordenó a las autoridades responsables implementar un programa de políticas públicas específicas para restaurar el medio ambiente, prevenir daños futuros y mejorar la vida de los habitantes de la cuenca del río.
El Defensor del Pueblo y las ONG se encargaron de la formación de un comité de seguimiento para controlar la ejecución. Además, la Auditoría General de la Nación Argentina será la encargada de controlar los aspectos económicos. Por otra parte, el control judicial de la ejecución fue delegado a un juez federal del Tribunal de Quilmes. Por último, en relación con el diseño de las políticas públicas, se llevaron a cabo audiencias públicas, y se inició un proceso de diálogo entre todas las partes en el caso Mendoza, incluidos los habitantes de las zonas lindantes a la cuenca del río. Esta respuesta abrió el espacio político para la solución del problema, un proceso que todavía está siendo implementado.
El caso Mendoza ilustra cómo las responsabilidades y esfuerzos de múltiples actores sociales e institucionales se pueden combinar y articular a lo largo del proceso de creación de políticas públicas (diseño, implementación y evaluación) reforzando la rendición de cuentas en áreas que conciernen a los derechos humanos, la prestación de servicios y el desarrollo.